Se fortalecerán las capacidades de organizaciones de sociedad civil para que sean más eficientes en su incidencia ante instituciones del Estado al demandar acceso a justicia y respeto a los derechos humanos hacia los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Entre ellos: Comunidad LGTB,  personas con discapacidad,  grupos indígenas y garífunas,  mujeres y niños víctimas de violencia y jóvenes.