La Defensoría Pública de Honduras (DP) presentó un sistema de videoconferencia de circuito cerrado, financiado por USAID, que está aumentando el acceso a la justicia y mejorando el debido proceso en Honduras, lo que permite a los abogados defensores asesorar de forma remota a los acusados detenidos en la prisión más grande del país. El sistema de videoconferencia, instalado por Unidos por la Justicia, conecta a defensores públicos en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, con clientes en la penitenciaría nacional de Támara. La prisión está a una hora en automóvil de Tegucigalpa y mucho más lejos de las otras ciudades importantes. Debido a que los defensores públicos tienen recursos limitados y una gran cantidad de casos, el tiempo de viaje requerido para hacer visitas a las cárceles era un gran problema para ellos, incluso antes de la pandemia. Desde que el COVID-19 comenzó a propagarse en Honduras en marzo de 2020, esa situación ha empeorado aún más. Actualmente, las personas bajo custodia generalmente no pueden ver a sus abogados designados por la corte hasta que realmente van a la corte. “A menudo no veo a mi cliente hasta justo antes de que comience el juicio”, dijo el defensor público Enrique Flores, el primer defensor público hondureño en asesorar de forma remota a un cliente utilizando el sistema financiado por USAID. “Ahora una persona en prisión solo tiene que hacerle saber a su defensor público que necesita hablar”, dijo el Dr. Manuel Antonio Pacheco, director nacional de la DP. “Haremos la programación aquí en nuestras oficinas, el abogado establecerá la sesión de consejería virtual con la persona detenida, y el Instituto Nacional Penitenciario sólo tiene que acompañar a la persona privada de libertad a la cabina donde está instalado el equipo de videoconferencia.” “Esto representa el fortalecimiento, la modernización de nuestra institución”, agregó el Dr. Pacheco. “Va a garantizar un mejor acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad”, en este caso, personas que no pueden pagar un abogado y dependen de defensores públicos de oficio. Poner en funcionamiento el sistema ha sido un proceso complejo que sufrió numerosos contratiempos. Unidos adquirió el equipo, negoció los acuerdos interinstitucionales necesarios y estaba listo para instalar el sistema a finales de 2019. Una serie de disturbios mortales en las prisiones en diciembre de ese año llevó al gobierno a poner el sistema bajo el manejo de emergencia de las Fuerzas Armadas, un cambio que introdujo una pausa de un año en el plan de implementación de Unidos. Una reforma reciente a la ley que rige las telecomunicaciones permitió a Unidos retomar la iniciativa en 2021, y se reconstruyó la coordinación interinstitucional y la configuración del sistema requerida con el nuevo conjunto de directores penitenciarios. La implementación exitosa del sistema aumenta la capacidad y efectividad de la DP, mejora los procedimientos y prácticas de justicia penal, y mejora el acceso a la justicia para una población vulnerable. Unidos brindó apoyo técnico a la DP para la elaboración de un protocolo institucional para regular la asesoría jurídica a distancia, el cual está siendo validado por especialistas del Poder Judicial. Por diseño, el sistema también hace que la DP sea más eficiente al permitir que los administradores regionales y nacionales celebren reuniones de coordinación y capacitación. El sistema fue utilizado recientemente por seis defensores públicos quienes, con el apoyo de USAID, tomaron un curso en línea sobre mediación familiar de la Universidad de Valparaíso de Chile.
