Los tribunales penales de Honduras están acelerando el paso, administrando justicia en un tiempo menor, de manera más eficiente y con más transparencia gracias a un modelo de gestión mejorado implementado con el respaldo de USAID.

En el 2021, el proyecto Unidos por la Justicia de USAID y la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) – beneficiario de una subvención, implementaron el Modelo de Gestión de Audiencias Judiciales (MGAJ) en 19 salas del Juzgado Penal de Tegucigalpa y ocho en San Pedro Sula, y allanaron el camino para su implementación en el Juzgado Seccional de Choloma.

“El modelo agiliza el proceso”, dijo la jueza Gabriella Gallo, cuyo juzgado está en Tegucigalpa. “No sólo nos ha permitido reducir la acumulación de casos… sino que nos ahorra tiempo y recursos”.

El tiempo es un bien valioso en el sistema judicial penal de Honduras, que comenzó el año con un atraso judicial de 7,932 casos sólo en Tegucigalpa. Los cálculos de referencia de la ASJ que precedieron a la implementación del MGAJ indicaron que sólo el 47 por ciento de los casos se procesó dentro del plazo legalmente establecido. La demora en la justicia no sólo constituye una violación del derecho al debido proceso, sino que también, erosiona la confianza pública en el sistema judicial en su totalidad.

El MGAJ ayuda a los juzgados a administrar servicios de justicia oportunos y transparentes mediante la asignación aleatoria de nuevos casos a los jueces, para evitar irregularidades, y un nuevo sistema de programación de audiencias que optimiza los recursos judiciales. También proporciona una ventaja tecnológica, reemplazando el sistema tradicional en el cual un reportero de la corte producía manualmente transcripciones con grabaciones de video y audio. Bajo el antiguo sistema, las transcripciones tenían que ser validadas por el juez, la fiscalía y la defensa antes de que pudieran incorporarse al expediente y el caso pudiera avanzar, un proceso que generalmente tomaba varios días, incluso si ninguna de las partes impugnaba la transcripción.

“Ahora, en una o dos horas como máximo, las partes tienen ese disco o una memoria USB, y allí tiene todo lo que necesita para hacer lo que necesita hacer”, dijo el juez José Humberto Palacios. “Cuando finaliza una audiencia, inmediatamente fijamos fecha y hora para que se realice la siguiente en un plazo prudencialmente corto que respete los plazos establecidos por nuestro código procesal.”

Un proceso penal normal en Honduras generalmente pasa por tres etapas antes de que el juez decida que debe ir a juicio: la declaración del imputado, en la que el juez decide si impone la prisión preventiva; una audiencia inicial, en la que el juez decide si existen pruebas suficientes para sustentar los cargos; y la audiencia preliminar, en la que se profundiza en la posición de las partes y el juez dictamina si la causa debe pasar a juicio o tomar una vía alternativa, como conciliación, suspensión o sobreseimiento, o si el imputado ingresa en sentencia condenatoria.

El monitoreo de una muestra de casos del MGAJ que realizó la ASJ encontró que el modelo redujo el tiempo promedio entre la primera comparecencia del acusado y la audiencia inicial en un 59 por ciento, de 17 días a siete días, y el tiempo promedio entre la audiencia inicial y la audiencia preliminar en un 96 por ciento, de 369 a 16 días. Los cálculos de la ASJ se basan en la revisión de documentación y observación directa de 102 audiencias vinculadas a 40 casos penales en Tegucigalpa y 95 audiencias vinculadas a 44 casos en San Pedro Sula.

A pesar de los aumentos dramáticos en la eficiencia, el juez Palacios dijo que el mayor beneficio del MGAJ es la transparencia, porque produce un registro indiscutible e inalterable de los procedimientos. “Ninguna de las partes puede argumentar después que dijeron algo o no dijeron algo porque todo está registrado digitalmente. Y eso puede ser revisado en una fecha posterior por la corte de apelaciones.”

La jueza Gabriela Gallo señaló que las grabaciones también brindan a los jueces que revisan las audiencias después del hecho un registro más rico de lo que ocurrió porque, a diferencia de una transcripción impresa, la grabación les permite observar cómo se dijo algo, incluido el tono y la forma de hablar. Agregó que el MGAJ mejora el decoro y la calidad de los argumentos en su sala.

“Hay un componente psicológico con los abogados”, dijo la juez Gallo. “Saben que están siendo grabados, por lo que se sienten obligados no sólo a estar bien ubicados dentro del proceso legal, sino que, son más cuidadosos con su comportamiento y con lo que piden”.

La MGAJ está dando frutos gracias a un esfuerzo de 18 meses que comenzó con evaluaciones cuidadosas de las necesidades e infraestructura de los juzgados seleccionados, seguido de la adquisición de la instalación del equipo electrónico necesario. La instrucción sobre el diseño del modelo y cómo implementarlo presentó desafíos especiales porque se introdujo durante la pandemia en medio de estrictas medidas de bioseguridad. La ASJ superó esos obstáculos desarrollando una versión digital de la capacitación y estableciendo una plataforma de aprendizaje en línea. A fines de marzo de 2021, 130 miembros del personal judicial de las tres ciudades objetivo habían sido capacitados en ese entorno virtual.

La nube causada por el COVID-19 tiene un lado positivo. El curso en línea y la plataforma de e-learning permanecerán en el Poder Judicial y el Ministerio Público luego de que finalice la subvención de la ASJ, lo que constituye un beneficio no previsto que puede utilizarse para la futura expansión del MGAJ y para satisfacer económicamente otras necesidades de capacitación de ambas instituciones.