24 September, 2017 | Carlos Caceres | Leave a comment Programa de USAID uniendo a Honduras alrededor de la Justicia El proyecto Unidos por la Justicia tiene como objetivo hacer que el gobierno responda mejor y alentar a las fuerzas del orden ya las comunidades a compartir la responsabilidad por la seguridad Los magistrados y altos funcionarios de la Corte Suprema se sientan alrededor de una larga mesa y discuten las iniciativas encaminadas a hacer que la administración de justicia en Honduras sea más eficiente y eficaz, mientras que los activistas LGBT analizan las acciones para unir a su comunidad alrededor de una estrategia efectiva de incidencia. Ambos grupos fueron llevados a sus respectivas mesas por el Proyecto Unidos por la Justicia de USAID. Esta iniciativa es innovadora en su alcance, trabajando simultáneamente con el único objetivo de encontrar en un punto de encuentro: justicia, derechos humanos y seguridad fortalecidos en un país caracterizado históricamente por altos índices de homicidios y falta de acceso a justicia en sectores vulnerables de la población. “Bajo el marco de trabajo del proyecto Unidos por la Justicia, financiado por USAID, les informo sobre la designación de magistrados que formarán parte del Comité de Monitoreo y Evaluación para las actividades que se llevarán a cabo en el marco del proyecto”, escribió el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia Rolando Argueta en su carta al secretario de la corte, refiriéndose a Unidos por su nombre técnico. El magistrado designó a cuatro magistrados y a tres fiscales, aparte de su persona, que desarrollan funciones clave en el Poder Judicial. Durante el primer año, de los cuatro que dura el proyecto, Unidos está tomando acciones para ayudar a la Escuela Judicial en la mejora de su proceso de inducción. El proyecto ayudará a optimizar la recolección de datos y análisis del sistema jurídico, permitiendo a los oficiales enfocar su trabajo tanto a recursos operativos e inversiones. Unidos diseñará modelos de gestión mejorados para la corte d en división de Defensa Pública. Procesos similares están en construcción para fortalecer el manejo y modelos de trabajo en el Ministerio Público, la Policía Nacional y varias instituciones responsables de garantizar el respeto a los derechos humanos en el país. Mejorar el acceso a justicia es una de las prioridades de Unidos. El proyecto está contactando con organizaciones de sociedad civil en los municipios de intervención con el objetivo de empoderarlos para hacer incidencia y facilitar la mejora en el acceso a los servicios públicos esenciales. El esfuerzo incluye un enfoque especial en los sectores de la población que tradicionalmente han tenido que enfrentar barreras en búsqueda de acceso a justicia, derechos humanos y seguridad. Esos sectores incluyen a mujeres, jóvenes, grupos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad y a miembros de la comunidad LGTB. En junio, Unidos comenzó a trabajar con las organizaciones LGTB, apoyando eventos en el marco de la celebración del Orgullo Gay y gestionando la visita de una experta internacional para hacer conversatorio con ellos acerca de mecanismos de protección. Viviendo en una sociedad caracterizada por machismo excesivo y falta de tolerancia hacia la diversidad sexual, la comunidad LGTB es un blanco frecuente de violencia y enfrentan obstáculos presentando sus denuncias en estaciones de policías, fiscalías y en cortes. Donny Reyes, activista y defensor de los derechos de la comunidad LGTB, dijo que solo entre 3 y 5 por ciento de los crímenes dirigidos a miembros de la comunidad LGTB han sido resueltos por el sistema judicial. “En general”, dijo Reyes, “observamos debilidad institucional y falta de respuesta ante demandas de justicia a nivel social, comunitario y personal.” Hay decenas de organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGTB, sin embargo, el esfuerzo para establecer un solo frente en común ha sido mínimo. Con el apoyo de Unidos, 35 representantes de las organizaciones LGTB, representando a cada color del arcoíris, se reunieron en San Pedro Sula del 17-19 de julio para trabajar una agenda en común que guie su lucha por la ley anti-discriminación y otras protecciones que todos los ciudadanos de. Pasaron más de 20 años desde la última reunión a este nivel ocurrió. Unidos está planificando encuentros similares para juntar a personas trabajando de parte de otros grupos vulnerables en el 2017, empezando con las personas con discapacidad, los grupos indígenas y afrodescendientes. El proyecto está lanzando su primera ronda de subvenciones para organizaciones no gubernamentales que apoyan el incremento de acceso a justicia, incluyendo dos subvenciones que beneficiarán a mujeres que han sufrido violencia doméstica. Las organizaciones que participen educarán a miembros de esos grupos objetivos acerca de sus derechos, cabildeo con instituciones gubernamentales para que cumplan con sus responsabilidad, provean consejería, y acompañamiento y representanción legal para personas que lo necesitan desesperadamente. El objetivo general de Unidos por la Justicia es incrementar la seguridad, comenzando por las comunidades del Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba con índices de violencia más altos de violencia. En estas zonas es donde el proyecto hará incidencia para que las comunidades estén mejor organizadas y conscientes del trabajo que debe nacer de ellos. Instituciones más efectivas que ofrezcan servicios mejorados para ciudadanos más comprometidos, todos unidos por y para la justicia, es la fórmula de Unidos por la Justicia para una Honduras más segura. 🔊 Escuchar entrada
