24 September, 2017 | Carlos Caceres | Leave a comment LA SOCIEDAD CIVIL DESEMPEÑARÁ UN PAPEL PRIMORDIAL EN LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Una modesta casa en una calle sin pavimentar en la ciudad industrial de Choloma alberga la oficina de una organización de mujeres. Melania Reyes describió cómo el espectro del femicidio ha proyectado una sombra ominosa sobre los barrios en los que opera el grupo en los últimos años. “Desde el año 2015, han matado a ocho personas. Seis mujeres jóvenes, no más de 20 años, y dos mujeres mayores que han matado y encostalado”, dijo Reyes. En una horrenda tendencia, las bandas o asesinos organizados en los últimos años han tomado para verter los cuerpos desmembrados de sus víctimas en espacios públicos dentro de sacos de gran producto o bolsas. La palabra “encostalado”, literalmente ‘saqueada’ o ’empaquetada’, se ha convertido en una triste adición al léxico hondureño que rodea a los homicidios. Menos dramático pero más frecuente es el problema omnipresente de la violencia doméstica. “Cuando surge el problema es cuando una mujer sufre abuso, es difícil conseguir que el tribunal maneje adecuadamente ese caso”, dijo Aida Martínez, también miembro activo del Movimiento de Mujeres por López Arellano y Vecindarios (MOMUCLAA). Tenemos muchas violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Lo que tenemos que hacer es trabajar en el asesoramiento a las mujeres sobre sus derechos”, dijo Martínez. “Creo que es esencial que las mujeres sean conscientes de sus derechos, y que esos derechos deben ser respetados”. La investigación de Unidos por la Justicia indica que las dificultades para acceder al sistema judicial descrito por MOMUCLAA no son únicas. De hecho, hay una serie de grupos vulnerables o minoritarios que, como las mujeres, encuentran barreras para acceder a la justicia. Los niños, los ancianos, las personas con discapacidad, los indígenas, los afrohondureños y los miembros de la comunidad LGBT tienen problemas para interactuar con el sistema. Donny Reyes, activista de derechos humanos y principal defensor de los LGBT, dijo que entre el 3 y el 5 por ciento de los crímenes contra los miembros de la comunidad LGBT son resueltos por el sistema judicial, culpando a la falta de interés oficial y la aplicación efectiva de la ley. “En general”, dijo Reyes, “hemos visto debilidad institucional y falta de respuesta a las demandas sociales, comunitarias y personales de justicia”. El proyecto está ampliando la primera fase de un extenso programa que involucra el despliegue de organizaciones de la sociedad civil (OSC) a comunidades de los cinco municipios del proyecto: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y Tela. Sus tareas en esta primera fase del proyecto incluirán educar a los residentes sobre sus derechos, informarles sobre los servicios disponibles y proporcionar acompañamiento a las personas donde sea necesario para acceder a esos servicios. Unidos por la Justicia ha preparado una primera ronda de subvenciones para financiar estas actividades e invitó a representantes de una amplia gama de organizaciones y grupos de base a una serie de reuniones en las que conocieron las actividades previstas y los requisitos para participar en ellas. Un total de 110 personas asistieron a las reuniones, representando a 54 OSC. Provienen de una variedad de grupos orientados a la juventud, organizaciones de servicio con afiliaciones religiosas, universidades y cámaras de comercio. Algunas de las OSC promueven los derechos de grupos específicos, como los niños, las mujeres, la comunidad LGBTI, las personas que viven con el VIH / SIDA y las comunidades afro-hondureñas. Algunos están más orientados a la cuestión, trabajando para frenar la violencia dirigida a poblaciones particularmente vulnerables, o promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la libertad de expresión. Algunas de las OSC son de naturaleza local, y algunas, como la Cruz Roja Hondureña y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), tienen cobertura nacional y afiliación internacional. Los más capaces de estas organizaciones, tanto a nivel nacional como local, trabajarán próximamente con Unidos por la Justicia para mejorar el acceso a la justicia, los derechos humanos y la seguridad. Algunos serán reclutados para ayudar a las organizaciones menos desarrolladas a participar en estas y otras actividades. El componente de la sociedad civil del proyecto incluirá el fomento de la promoción dirigida a expandir y mejorar los servicios gubernamentales y la supervisión ciudadana para asegurar que los funcionarios cumplan con su compromiso de proporcionar esos servicios. Unidos por la Justicia también involucrará a las OSC a nivel comunitario en los esfuerzos para alentar a los ciudadanos en los barrios más violentos de involucrarse en su propia seguridad. Sólo las relaciones efectivas y colaborativas entre la policía local y las comunidades a las que sirven pueden brindar las mejoras de seguridad sostenibles necesarias para fomentar el desarrollo. La combinación de vecindarios más seguros y mejores oportunidades económicas permitirá a los hondureños perseguir sus sueños en casa en lugar de buscarlos en el extranjero. 🔊 Escuchar entrada
