“Inválido”, “mudito”, “cieguito”, “mongolito”, son algunos de los términos discriminativos para referirse a las personas con discapacidad, son expresiones que escuchamos a diario, también se tiene la idea errónea que no pueden convivir en la sociedad, lo que lleva a un trato enfocado en la lástima y la caridad, provocando su exclusión e incluso invisibilización en muchos ámbitos de la vida social, así como la negación de sus derechos.

La discriminación hacia las personas con discapacidad suele notarse más en el acceso a los entornos físicos como calles, comercios, edificios, transporte público o escuelas sin condiciones de accesibilidad universal, pero, no se detiene allí, también se da en el ámbito del reconocimiento a sus derechos humanos y acceso a justicia.

Aunque, en Honduras desde el año 2005 existe la “Ley de equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad”, que garantiza el respeto pleno de los derechos de este sector, basados en la Constitución de la República, Declaración de los Derechos Humanos y Convenios Internacionales, el acceso a la justicia para los discapacitados, es un tema que no era abordado a profundidad, hasta que, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de su proyecto Unidos por la Justicia, ha implementado una estrategia para trabajar con este sector.

Las acciones se han implementado a través de una subvención ejecutada por la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), para brindar asistencia y promover acciones para facilitar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad.

“USAID a través de Unidos por la Justicia nos ha permitido fortalecernos como institución. Ha permitido que el tema de acceso a la justicia sea un tema importante dentro de la agenda de trabajo, no solamente en las organizaciones, sino que las personas con discapacidad comprendan y sepan que tienen ese derecho y que tienen el goce del mismo”, afirma Mauricio Valladares, Director de CIARH.

A través de la subvención se inició un proceso de promoción del Derecho de Acceso a la Justicia para personas con discapacidad, con la inclusión de familiares, operadores de justicia, funcionarios del Ministerio Público, Policía Nacional, Corte Suprema de Justicia, Universidades y Sociedad Civil, con el objetivo de eliminar las barreras que existen.

Conociendo los derechos y cultura de la denuncia

Uno de los mayores problemas que se enfrentan es el desconocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad, las normativas nacionales y convenios internacionales, en este sentido, las acciodiscapacidad-2nes están orientadas a la formación sobre esta temática.

Asimismo, se promueve la cultura de la denuncia, los mecanismos para realizar la misma, como acceder a los servicios de justicia y el trabajo con los operadores de justicia, para hacer uso y ejercicio de sus derechos.

Para facilitar los procesos de denuncia se han diseñado una estrategia de abordaje que incluye la elaboración una guía para facilitar el acceso a justicia de las personas con discapacidad en Honduras,  campañas educativas, capacitaciones a operadores de justicia, estudiantes de universidades, sociedad civil y líderes comunitarios, servicio de asesoría y asistencia legal vía electrónica con acceso a 155 oficinas virtuales y 193 números telefónicos,  a través del Consultorio Jurídico gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),  foros y ferias culturales informativas.

Inclusión Laboral

Otra de las acciones inclusivas que realiza Unidos por la Justicia, es la inclusión de jóvenes discapacitados en el programa de pasantías “Puertas Abiertas”, en el cual se les brinda la oportunidad de capacitación y una experiencia laboral por seis meses a población de grupos vulnerables.

Una de las beneficiarias, Paola Mariela Ortiz, Psicóloga y Master en Sociopedagogía, con una discapacidad visual, narra que, por varios años solicitó empleo aplicando virtualmente, pero afirma “después de las entrevistas que me conocían personalmente, no volvían a llamarme”, su pasantía la realiza en el Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC) desarrollando el protocolo de atención a la discapacidad.

Andrea Iraheta, una joven de 27 años, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), nació con una discapacidad que la hace desplazarse en silla de ruedas, miembro también del programa de Puertas Abiertas, manifiesta que dos instituciones le dieron la oportunidad de empleo, pero, a pesar de ser centros educativos, no tenían las condiciones adecuadas para realizar su trabajo, su pasantía es como asistente de la clase de inglés en CEUTEC.

Al igual que Paola y Andrea, existen en el país miles de personas con diferentes discapacidades, luchando por su independencia e inclusión, el trabajo del resto de la sociedad es darles esa oportunidad, facilitar y respetar sus derechos, teniendo en cuenta que, una DisCAPACIDAD no es una InCAPACIDAD.  

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